ARTÍCULO
En los últimos años, Andalucía ha avanzado de forma significativa en la configuración de un marco normativo orientado a facilitar la actividad económica, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la atracción de inversión. En este sentido, muchas de las prioridades planteadas desde el ámbito empresarial —especialmente en materia de simplificación administrativa, estabilidad regulatoria y agilidad en la tramitación— responden de manera acertada a las necesidades reales del tejido productivo andaluz.
Ahora bien, desde la experiencia práctica en la relación cotidiana con la Administración y en la puesta en marcha de proyectos empresariales, conviene introducir una reflexión que considero esencial para enfocar correctamente el debate. El principal problema que hoy afronta Andalucía no es tanto de carácter normativo como de aplicación. Y los datos lo ponen claramente de manifiesto.
En la actual legislatura, desde junio de 2022 hasta marzo de 2026, se han aprobado en Andalucía más de 60 normas con rango de ley -si sumamos leyes y decretos-leyes-. Se trata, por tanto, de un volumen normativo significativo, que evidencia que no estamos ante un déficit regulatorio.
Sin embargo, pese a este esfuerzo normativo, la efectividad del sistema se ve condicionada en la práctica por la existencia de criterios interpretativos no siempre alineados con el espíritu de la norma, interpretaciones dispares entre órganos administrativos y una evidente falta de homogeneidad en su aplicación.
Hay dificultades que inciden directamente en la seguridad jurídica de las empresas
Esta realidad está generando, en no pocos casos, dificultades operativas que inciden directamente en la seguridad jurídica de las empresas y en su capacidad real de desarrollar proyectos en condiciones de certidumbre. La consecuencia es clara: se incrementan los tiempos, se introducen elementos de incertidumbre y se debilita la confianza necesaria para la inversión.
En este contexto, el riesgo no reside en una supuesta falta de regulación, sino en la falta de previsibilidad en su aplicación. Por ello, más allá de la aprobación de nuevas normas o de la incorporación de capas adicionales de regulación, el foco debería situarse, de manera prioritaria, en dos líneas de actuación fundamentales.
En primer lugar, avanzar hacia la definición de criterios homogéneos en todo el territorio. La existencia de respuestas distintas ante supuestos sustancialmente idénticos no solo genera inseguridad jurídica, sino que compromete la igualdad de condiciones en el desarrollo de la actividad económica.
En segundo lugar, resulta imprescindible desarrollar herramientas operativas claras que permitan una aplicación efectiva del marco normativo vigente. No basta con diseñar buenas normas; es necesario garantizar que puedan aplicarse de forma ágil, coherente y predecible.
Andalucía no necesita hoy normativa, sino aplicar mejor la que ya tiene
En definitiva, Andalucía no necesita hoy más normativa. Lo que necesita es aplicar mejor la que ya tiene. Aplicarla con claridad, con coherencia y, sobre todo, con una orientación real a resultados. Solo así el marco regulatorio dejará de ser percibido como un factor de incertidumbre y pasará a convertirse en una auténtica palanca para el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la atracción de inversión.
