La seguridad jurídica es una de las necesidades fundamentales para el empresariado andaluz

Miércoles, 6 de mayo de 2015

Las empresas necesitan para su desarrollo un “entorno normativo que genere confianza”, así como la "reducción de la excesiva regulación administrativa y de la burocracia" y la "modernización del sistema de relaciones laborales".

Estas fueron parte de las demandas empresariales expuestas por el presidente de la CEA, Javier González de Lara en el Foro Empresarial Nuevos Retos, Nuevos Escenarios: Empresa, Espíritu Emprendedor y Progreso, celebrado en Málaga el pasado martes. Además citó la "necesaria y urgente reforma de la fiscalidad", el "acceso al crédito bancario y extra bancario por parte de las empresas" y que los desafíos principales pasan por lograr una organización empresarial en Andalucía más fuerte y competitiva, con más empresas y empresarios, y contar con una Administración pública “austera y eficiente”.

Dentro de esa creación de empresas, el presidente de la CEA abogó, por una parte, por compañías intensivas en la creación de empleo como aquellas de la construcción, el turismo o el sector agroalimentario y, por otra, entrar en nuevos nichos de mercados como la aeronáutica, la logística, el medio ambiente o la industria cultural.

Los operadores económicos reclaman seguridad del sistema jurídico. De manera que, sin entrar en el debate de la mayor o menor influencia del sistema judicial para el desarrollo económico y la competitividad, es evidente que la seguridad jurídica es un valor económico.

Las resoluciones judiciales contradictorias profundizan el déficit de legitimidad que la Justicia sufre en la opinión pública y que está en buena medida provocada por factores totalmente ajenos al sistema judicial, como son los factores estructurales (la creciente opacidad del ordenamiento jurídico, debido a la inflación legislativa y a la escasa calidad de la legislación), los axiológicos (la diversidad de «culturas jurídicas» y valores característica de las sociedades contemporáneas) y los organizativos (ámbito de la jurisdicción, régimen de recursos y planta judicial).