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Manuel Mingorance, autor de este blog, es abogado especializado en Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico, Instituciones/Empresas (Bussines Lawyer), Acompañamiento jurídico en la proyección del Talento, Desarrollo de iniciativas empresariales en Andalucía, Procedimientos Administrativos y Contencioso-administrativos, Medio Ambiente, Proyectos Normativos y Derecho de las Tecnologías de la Información.

 

Jueves, 6 de abril de 2017

A diario consultamos nuestras redes sociales innumerablemente. No solo mantenemos el contacto con las personas que tenemos agregadas a nuestra red, sino que también las usamos para informarnos de las últimas noticias. Hemos convertido nuestra página personal de facebook o twitter en nuestro medio de comunicación particular. Incluso si queremos algún servicio, ya sea una tienda de ropa o un restaurante, buscamos sus referencias en las redes sociales de estos. Entonces, ¿sería tan descabellado elegir abogado desde las redes sociales? Las nuevas tecnologías han acaparado todos los sectores. Internet es la mayor herramienta a nuestro alcance para derribar barreras y obtener información rápida. Se ha facilitado el trabajo, sobre todo el relacionado con la comunicación. Ponerse en contacto con clientes, o que estos tengan fácil acceso a un portal donde puedan informarse del bufete. Todos estos avances se han incluido dentro del funcionamiento diario del despacho de abogados. Raro es que no posean una página web donde vuelcan información sobre ellos mismos, o que no puedas encontrarlos en las redes sociales con facilidad. Pero también es una gran herramienta que permite deshacerte del espacio físico, teniendo reuniones por videoconferencias, mandar documentos mediante un e-mail…Así aunque no estén físicamente en el despacho, se puede mantener una relación profesional y cercana con el cliente. Para facilitar esta comunicación, podrá encontrar a Mingorance Business Lawyers tanto en Facebook, Twitter o Linkedin. Además de nuestra página web donde se facilita nuestras redes sociales, portales con noticias y artículos. Pero además, desde Mingorance Business Lawyers estamos inmersos en asumir la digitalización en toda su actuación profesional. Vamos más allá de un usuario que usa las redes sociales como medio de comunicación, nuestra actividad se adapta al proceso digital: a la innovación, a las nuevas formas de gestión o a las nuevas relaciones con los clientes. El cliente es el centro de actuación del bufete, y como ellos se han vuelto más exigentes, nosotros damos respuestas siendo más exigentes.

Martes, 14 de marzo de 2017

Economistas, diversos servicios de estudios y consultoras llevan dos meses haciendo público sus balances sobre las vicisitudes económicas y empresariales del año 2016. Si hacemos una síntesis de estas publicaciones, podemos manifestar que, atendiendo a lo que dicen estos expertos, los puntos clave del pasado año se concretan en España en un crecimiento económico entre el 3,1 y el 3,2 por ciento y un desempleo que baja el listón del 20 por ciento. Sin embargo, la Administración pública no ha sido capaz de controlar del déficit público, y el viento de cola que nos acompañó en 2016 está desapareciendo con la subida del tipo de interés y el precio del petróleo, a las que se suman otras turbulencias que vienen de fuera de nuestras fronteras. Por lo que 2017 se ha estrenado con un viento de cola que amina la fuerza con la que soplaba favorable a lo largo del año pasado. El tipo de interés no será tan propicio, se esperan nuevas subidas del petróleo y del valor del dólar. Y aunque el paro siga bajando a menor ritmo, se mantiene cierta precariedad en el empleo, puesto que el crecimiento económico no termina de consolidarse en el ámbito de las pequeñas empresas. Subió un 3 por ciento el IPC en el primer mes del año. La buena racha de las exportaciones seguirá, aunque con ciertos contratiempos en el panorama internacional: Brexit, Trump y su influencia tanto en Norteamérica como en Sudamérica, y no se sabe que ocurrirá finalmente con el TTIP. Y, además de todo ello, es el año en el que España espera cumplir, al fin, con el objetivo de déficit cero, compromiso que parece de dudoso cumplimiento. Los vientos de cola que marcaron 2016 sirvieron para dar un empujón a distintos sectores: turismo, industria, exportación… Incluso al sector inmobiliario. Este sector es el que ponemos en nuestro punto de mira en este momento, que no olvida que viene de una mala racha que le llevó a estar en la UVI en estos últimos ocho años y que ahora tiene una nueva oportunidad, esperemos que con la lección aprendida de la crisis pasada. Hay datos que evidencian su resurgimiento: se espera la primera subida del precio de venta de la vivienda desde 2008; la mejoría es palpable actualmente en las capitales,Madrid y Barcelona, y se irá extendiendo por zonas turísticas; en el resto del territorio verá el crecimiento de forma gradual. Así lo ha recogido BBVA Research en un estudio que hizo al respecto, en el que vaticina un futuro muy positivo. Aunque señalemos que los vientos de cola se están disipando, el impulso en estos sectores, como el inmobiliario, ha creado una base para no caer al abismo cuando vuelvan los tiempos de crisis. Y la mirada tan positiva para el sector inmobiliario abre una puerta a la esperanza cerrada desde hacía años. De hecho, desde Mingorance Business Lawyers estamos notando el resurgir de esta actividad económica. Vemos como SAREB y las entidades bancarias dan paso a nuevas iniciativas empresariales en el sector inmobiliario. A pesar de los nubarrones en el horizonte económico, soplan vientos de cola que favorecen una navegación de crucero para un actividad productiva que hasta ahora ha estado demonizada injustamente.

Viernes, 17 de febrero de 2017

Este 15 de febrero tuvo lugar la primera jornada "Bases para un Nuevo Urbanismo en Andalucía" en Sevilla. Fue la primera jornada de las que tendrán lugar por todas las provincias andaluzas. El objetivo de éstas es elaborar una nueva la Ley de Organización Urbanística de Andalucía mediante un proceso participativo. Presentaron el acto el Consejero de Medioambiente y Organización Territorial de la Junta, José Fiscal; el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el Presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos y el Director de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Alejandro Márquez. La jornada se estructuró en cuatro mesas. La primera de la mano de los Alcaldes de Sevilla, Torremolinos, Soportujar y la Concejala Delegada de Urbanismo de Cabra. Cada uno expuso a nivel particular la visión de la norma urbanística conforme a su experiencia y tamaño. lo que necesitaría. Teniendo en cuenta que había tanto lugares de interior como de costa, capitales, grandes ciudades, como poblados. La siguiente mesa redonda corrió a cargo de los Colegios Profesionales: desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Rio Hernando; del Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Abraham Carrrascosa; desde el Colegio de Registrados, Juan José Petrel, del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía, Joaquín Lozano Liaño. Los colegiados quisieron mostrar desde sus distintas especialidades como mejorarían la nueva ley. Ofreciendo además los problemas que conocían de primera mano, y dando soluciones para que no ocurrieran ora vez. En la tercera mesa participaron Juan Aguilera Ruiz en nombre de la CEA, Nuria Martínez Barco desde CCOO Andalucía, Juan Carlos Hidalgo Ruiz de UGT Andalucía y Juan Antonio Morales González de Ecologistas en Acción. La última mesa vino de la mano de distintos políticos de los partidos del PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos. El objetivo de la jornada fue obtener la opinión de las distintas instituciones y personalidades, para que la creación de la nueva ley sea un proceso de consenso.

Lunes, 30 de mayo de 2016

La solución a esta pregunta la encontrábamos tras asistir al seminario de presentación de “El plan de inversiones para Europa” que tuvo lugar recientemente en Sevilla.En primer lugar, Plan Juncker o Plan de Inversiones para Europa es un plan creado para movilizar al menos 300.000 millones en inversiones públicas y privadas en los próximos tres años. Centrándonos en el papel que éste tendrá para Andalucía y en especial para Pymes hay que destacar que este nuevo Plan abre un escenario para romper el círculo vicioso de falta de inversiones, procurando un entorno propicio y así romper con lo que se venía dando a lo largo de estos últimos años.En concreto, el Plan Juncker irá destinado a mejorar el marco de inversión, es decir, romper con los obstáculos que a lo largo de todos estos años han estado demasiado presentes en la normativa del propio BEI (Banco Europeo de Inversiones). Especial interés hay que poner en la medida creada por este plan para dar solución a la falta de movilidad de inversión tanto pública como privada; la creación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI).Este Fondo se ha establecido como una cuenta gestionada dentro del Banco Europeo de Inversiones, mediante la cual se asumirá parte del riesgo que le corresponde al BEI, lo que permitiría a éste invertir en proyectos más arriesgados. De ahí la respuesta a la pregunta planteada, ya que gracias a dicho fondo podrán beneficiarse de ayudas todo tipo de proyectos, es decir, no sólo saldrán beneficiadas las empresas que cuentan con grandes proyectos debido a su capacidad económica.Por todo ello, los proyectos que pretendan ser financiados para tomar el impulso necesario, cuentan ahora con una nueva oportunidad, sin embargo, los datos actuales nos revelan que existe un notable problema en torno a estas ayudas, ya que tan sólo el 15% de todas las subvenciones que se otorgan se justifican de manera correcta, lo que conlleva al resto a su posterior reintegro o pérdida de derecho a cobro. Es por tanto en este entorno donde cobra importancia la seguridad administrativa del determinado proyecto que se pretenda lanzar.En Mingorance Business Lawyers contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales que desde el área MBL CONSULTING trabaja para que nuestros clientes tramiten y justifiquen las ayudas públicas a su alcance en un marco de seguridad jurídica y ello, con el único objetivo de que las ayudas lleguen a su destino y cumplan su cometido económico y social sin mayores problemas.

Lunes, 23 de mayo de 2016

A raíz de la Resolución del 19 de abril de 2016 llevada a cabo por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía han sido aprobados nuevamente los criterios para determinar la incidencia de un proyecto en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. Sin embargo, su estudio suscita una cuestión; ¿Es suficiente esta armonización normativa para avanzar en el desarrollo de la competitividad? La respuesta es no.Además, esta resolución, sorprendentemente nace tan sólo tres meses después de la publicada el 27 de enero, la cual fue elaborada con la misma misión. No obstante, la nueva modificación ha ido en sentido contrario, ocasionando un paso atrás en la búsqueda de política de mejora regulatoria. Si es cierto, que el adelgazamiento en la materia ha hecho que estemos ante una herramienta de trabajo mucho más práctica y manejable, aunque ello no quita que haya realizado una modificación aún peor; la supresión del órgano de control externo, por lo que deja un marco lleno de arbitrariedad para quien realice el propio control de sus proyectos.Centrándonos en materia de competitividad, tanto España como Andalucía se encuentran sumergidas en grandes lastres económicos que ocasionan su estancamiento en el desarrollo competitivo; los más importantes son el desempleo, que ligamos a su vez con los elevados costes laborales, precios de producción o rigidez salarial. Y por otro lado, el estancamiento estructural interno, lo que hace que el nivel competitivo de la actividad empresarial siga avanzando de manera muy lenta.En concreto, en el caso de Andalucía, abordaremos la cuestión con el análisis del I Informe de competitividad de Andalucía, mediante el cual se demuestra que además de los problemas anteriormente citados, Andalucía cuenta con una débil especialización productiva y comercial, que niega el avance de empresas de sectores de mayor valor añadido, las cuales contribuirían al desarrollo internacional que otros países con similares características ya han experimentado.La Resolución por tanto, no va más allá, no arriesga por introducir nuevos cambios en la dinámica competitiva existente, no apuesta por favorecer nuevas innovaciones o crear mayor oportunidad a las empresas. Es por ello que se puede afirmar que el objetivo de esta resolución es “ordenar” y sostener la realidad, pero no transformarla, con lo cual, algo insuficiente para lo que hoy día existe en el entorno empresarial andaluz.Desde Mingorance Business Lawyers, como miembros de la Conferencia permanente del Consejo empresarial de estrategias y competitividad de la CEA, hemos puesto a disposición de la patronal una herramienta que de forma práctica evalúa si un proyecto normativo incide en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas y así aportar algo de ayuda en este importante desarrollo que no termina de convencer.